Consejo de Estado suspende gran parte del Decreto 572 de 2025 sobre retenciones en la fuente

La Sección Cuarta del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se modificaban bases y tarifas de retención en la fuente y autorretención a título del impuesto sobre la renta.

El auto, con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, concluyó preliminarmente que el Gobierno incurrió en una motivación insuficiente e inadecuada al no exponer ni aportar de manera clara el soporte técnico, económico y cuantitativo que justificaba los cambios introducidos. Aunque el decreto hacía referencia a una “brecha de recaudo” entre el impuesto a cargo y los valores recaudados vía retención, así como a mejoras en algunos indicadores económicos, el despacho advirtió que no se explicaron con suficiente detalle las simulaciones, datos o criterios técnicos que sustentaban los incrementos.

La decisión se adoptó en el marco de varias demandas acumuladas presentadas por ciudadanos, gremios y actores políticos, quienes cuestionaron la legalidad del decreto por considerar que desbordaba la potestad reglamentaria del Gobierno, afectaba la liquidez de los contribuyentes y podía generar saldos a favor de difícil recuperación.

Entre los aspectos analizados por el Consejo de Estado se destacan:

Falta de sustento técnico suficiente. El despacho observó que el decreto no permitía identificar con claridad los criterios utilizados para agrupar actividades económicas, determinar las nuevas tarifas o justificar que las modificaciones fueran necesarias para cerrar la brecha de recaudo.

Cuestionamientos sobre la finalidad de la medida. Varios demandantes sostuvieron que el decreto no respondía propiamente a la finalidad de la retención en la fuente como mecanismo de recaudo anticipado y gradual del impuesto, sino que podía operar como una herramienta para mejorar temporalmente la caja del Estado.

Posibles efectos sobre la liquidez empresarial. Los demandantes también alegaron que los incrementos podían afectar el flujo de caja de empresas de sectores como transporte, minería, agricultura y construcción, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estos efectos no fueron decididos de fondo en esta etapa, sino considerados dentro del contexto de la solicitud cautelar.

Como consecuencia de la suspensión parcial, el Consejo de Estado aclaró que deben volver a aplicarse las normas que fueron sustituidas por los artículos suspendidos del Decreto 572 de 2025. En la práctica, esto implica que las tarifas y bases de retención y autorretención modificadas por los artículos 2 a 8 regresan temporalmente al régimen anterior, mientras se decide de fondo la legalidad del decreto.

No obstante, el Consejo de Estado mantuvo vigente el artículo 1 del Decreto 572 de 2025, relacionado con la retención aplicable a los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT). Sobre este punto, el despacho consideró, en esta etapa preliminar, que la motivación del Gobierno era razonable, en la medida en que buscaba dar un tratamiento similar a productos financieros comparables, como los CDT.

La medida cautelar estará vigente mientras el Consejo de Estado adelanta el estudio de fondo y decide si declara o no la nulidad definitiva del reglamento.

El Consejo de Estado decidió mantener la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el incremento del salario mínimo para el año 2026, con fundamento en que, a su consideración, persisten los cuestionamientos respecto de su legalidad. 

Del mismo modo se rechazó la solicitud presentada a través de un recurso de reposición por parte del Ministerio de Hacienda para levantar la medida cautelar impuesta en febrero de 2026 a consecuencia de las distintas demandas de nulidad presentadas en contra del decreto, las cuales alegan presuntos vicios en su expedición en particular respecto de su motivación y procedimiento, como lo son el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la fijación del salario mínimo.

El Gobierno por su parte, había interpuesto un recurso de aclaración alegando una presunta extralimitación de funciones por parte del Consejo de Estado que fue resuelto precisando que la medida cautelar se encuentra dentro de las facultades legales del juez contencioso administrativo toda vez que no busca sustituir al Gobierno en su rol de fijar el salario mínimo correspondiente, si no que pretende ordenar la adopción de una decisión administrativa transitoria en tanto se adopta una decisión definitiva.

Adicionalmente es pertinente señalar que el Gobierno ya había emitido un nuevo decreto que reiteraba el aumento del 23,7% al salario mínimo, en búsqueda de subsanar los presuntos incumplimientos en la expedición de su anterior versión en diciembre de 2025 y ampliando el análisis que se le había requerido. 

La decisión mantiene sin efectos jurídicos el decreto de aumento del salario mínimo, hasta tanto se profiera una sentencia de fondo sobre su legalidad.

Implicaciones prácticas de la decisión

• Frente a la incertidumbre respecto del salario mínimo aplicable, el salario mínimo estipulado se mantiene toda vez que no se ha proferido sentencia de fondo por parte del Consejo de Estado.
• El Consejo de Estado ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo acto administrativo en tanto se tiene una decisión de fondo, el cual establezca un incremento de carácter transitorio.

En recientes decisiones proferidas por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la  Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en particular, mediante sentencias del 5 de  febrero de 2026 (proyecto Torres del Cielo)¹ y del 11 de marzo de 2026 (proyecto Sky Condominio), se declaró la responsabilidad de Alianza Fiduciaria S.A. y se le impusieron condenas  patrimoniales de alto impacto, como consecuencia de su responsabilidad en la estructuración y  ejecución de dichos desarrollos inmobiliarios. Más allá de los montos y de las particularidades de  cada caso, lo verdaderamente relevante es el mensaje de fondo: la redefinición del rol de la  fiduciaria dentro de estos esquemas. 

Durante años, en una lógica relativamente estable del negocio fiduciario inmobiliario, la  fiduciaria (como profesional) era entendida principalmente como un ejecutor contractual,  mientras que la fiducia (como vehículo) operaba como el mecanismo a través del cual se  administraban los recursos y se canalizaban instrucciones previamente definidas en el contrato.  Bajo ese entendimiento, la responsabilidad de la fiduciaria se evaluaba desde una óptica  marcadamente formal: si las condiciones de giro se cumplían conforme al contrato, los  desembolsos eran legítimos; si el proyecto fracasaba, el riesgo recaía en el promotor y no en  quien administraba los recursos. Esa visión, sin embargo, empieza a desdibujarse. 

En las decisiones recientes, la SFC no introduce una noción completamente nueva sobre la  fiduciaria como profesional especializado, pero sí refuerza ese entendimiento llevándolo a un  nivel de exigencia mayor. El estándar de diligencia deja de ser una referencia abstracta para  convertirse en un parámetro concreto de evaluación de su conducta. Así, el comportamiento de  la fiduciaria ya no se mide únicamente frente al contrato, sino frente a lo que razonablemente se  espera de un experto, profesional en la gestión de negocios fiduciarios. 

El efecto práctico de este giro es profundo. Ya no basta con cumplir el contrato; es necesario  entenderlo, cuestionarlo y, en ciertos casos, ir más allá del mismo. 

Así, por ejemplo, en el caso de Sky Condominio, la SFC cuestionó que las condiciones de giro  estuvieran atadas a un punto de equilibrio soportado en la existencia de encargos fiduciarios y  no en recursos efectivamente ingresados, lo que comprometía la viabilidad real del proyecto. En  esa misma línea, en Torres del Cielo se analizó la razonabilidad de la estructura desde una  perspectiva sustancial, evidenciando que el cumplimiento formal de las condiciones previstas no  era suficiente si estas no respondían a una lógica económica sostenible para el proyecto  inmobiliario. 
^{1 Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la SFC – Radicado 2023112511-483-000}

Lo mismo ocurrió con la selección y seguimiento del constructor. En Sky Condominio, la SFC  destacó la ausencia de verificación suficiente de las condiciones técnicas, financieras y de  experiencia del constructor, así como la falta de información oportuna a los beneficiarios frente  a cambios relevantes como su reemplazo. En Torres del Cielo, por su parte, se cuestionó la  inexistencia de un análisis previo y documentado que permitiera acreditar que la fiduciaria evaluó  adecuadamente la idoneidad del desarrollador antes de permitir la estructuración del negocio.  Incluso decisiones como la autorización de anticipos y giros fueron analizadas no desde su encaje  formal en el contrato, sino desde la razonabilidad y prudencia de la fiduciaria al adoptarlas. 

En otras palabras, más que un cambio absoluto, lo que se evidencia es un reforzamiento del  estándar: de un cumplimiento formal a un control sustancial. 

Este tránsito implica, en la práctica, que la fiduciaria deja de ser un ejecutor neutro para  convertirse en un verdadero filtro de riesgo del proyecto, a quien se le exige conocimientos  técnicos y del negocio mismo que podrían exceder sus propias capacidades. Un actor que debe  anticipar problemas, evaluar escenarios y, en última instancia, evitar que la estructura contractual  permita la materialización de riesgos evidentes. 

El contraste es claro. Antes, la pregunta era si la fiduciaria había cumplido el contrato. Hoy, la  pregunta es si debió haber hecho algo más, incluso cuando el contrato parecía permitir lo que  hizo. 

Las consecuencias de este cambio no son menores. Para las fiduciarias, implica necesariamente  un ajuste en la forma en que operan. Un estándar de diligencia reforzado supone mayores cargas  de análisis, procesos más robustos de debida diligencia, validaciones adicionales antes de  autorizar giros y, sobre todo, una necesidad de documentar de manera rigurosa cada decisión  relevante. Todo esto, de manera inevitable, se traduce en mayores costos operativos y en una  redefinición del alcance real de su rol dentro del negocio fiduciario. 

Para los desarrolladores y constructores, el impacto también es tangible. La mayor exigencia  sobre la fiduciaria termina irradiándose sobre la estructuración misma del proyecto: esquemas  menos flexibles, condiciones de giro más estrictas, mayor escrutinio sobre la experiencia y  capacidad de los actores involucrados y, en general, una menor tolerancia a estructuras que  descansen en supuestos optimistas o en márgenes de informalidad. La viabilidad del proyecto  deja de ser un asunto exclusivamente interno del promotor para convertirse en un elemento que  debe resistir un análisis más riguroso desde la propia estructura fiduciaria. 

En ese sentido, la transparencia y la solidez técnica del proyecto dejan de ser únicamente un  atributo deseable para convertirse en una condición necesaria. 

Y, en último término, el principal beneficiario de este ajuste parece ser el consumidor final. Un  modelo en el que la fiduciaria asume un rol más activo en la gestión de riesgos tiende, al menos  en teoría, a reducir escenarios en los que los recursos de los inversionistas o adquirentes quedan  expuestos a proyectos inviables o deficientemente estructurados. 

Sin embargo, el cambio también plantea preguntas legítimas. ¿Hasta dónde debe llegar el deber  de la fiduciaria sin desdibujar la distribución de riesgos propia del negocio? ¿En qué punto un  estándar de diligencia reforzado puede convertirse en una carga excesiva que encarezca o rigidice  innecesariamente el desarrollo de proyectos? ¿Se trasladarán estos nuevos costos al cliente final? 

Lo que sí parece claro es que la línea ya se movió. Y en ese nuevo punto de equilibrio, la distancia  entre el cumplimiento formal y la responsabilidad efectiva es cada vez más corta. Queda por ver  cómo estos criterios evolucionan en sede de apelación y si serán confirmados o matizados. Lo  cierto es que este precedente ya marca una pauta que difícilmente podrá ser ignorada por quienes  participan en la estructuración y ejecución de este tipo de proyectos inmobiliarios. 

El pasado 6 de marzo de 2026, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 0234 de 2026 (en adelante el “Decreto”), mediante el cual se subroga el Capítulo 7 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 con el fin de establecer reglas sobre negociación colectiva unificada por niveles en el sector privado y para los trabajadores oficiales. 

El Decreto busca organizar y coordinar los procesos de negociación colectiva que se desarrollen en niveles superiores al de la Compañía, particularmente cuando participan sindicatos de industria o gremiales y múltiples empleadores o asociaciones empresariales, estableciendo reglas que permitan adelantar una única negociación colectiva unificada donde se cuente con un solo pliego de peticiones y una sola mesa de negociación. El ámbito de aplicación de esta regulación es exclusivamente a trabajadores del sector privado y a trabajadores oficiales, es decir, a aquellos regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, y no regula la negociación colectiva de los empleados públicos. 

Principales reglas introducidas por el Decreto.

En primer lugar, el Decreto establece que el propósito de la norma es fijar reglas de coordinación y ordenación para la negociación colectiva en niveles superiores al de Compañía. Así, Como regla general, cuando concurran varias organizaciones sindicales o múltiples empleadores en un mismo ámbito de negociación, la negociación deberá adelantarse con un único pliego y en una sola mesa, con representación proporcional de las partes. Asimismo, el Decreto regula los niveles de negociación y la coordinación entre ellos, indicando que la negociación colectiva puede desarrollarse en niveles como grupo de Compañías, rama o sector de actividad, u otros niveles superiores que acuerden las partes. En estos casos, las convenciones colectivas sectoriales deberán incluir cláusulas de ordenación, coordinación y adaptabilidad, con el fin de evitar contradicciones entre niveles y establecer un piso mínimo de protección laboral para convenios de nivel inferior y para pequeñas y medianas Compañías que se vean afectadas por la negociación. 

En este mismo sentido, el Decreto aclara que las convenciones colectivas celebradas en niveles superiores no derogan ni modifican automáticamente las convenciones colectivas vigentes a nivel empresarial. Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, podrán prevalecer las disposiciones que resulten más favorables para los trabajadores. Lo anterior, generar interrogantes prácticos en Compañías que actualmente cuentan con convenciones colectivas vigentes. Así, será necesario revisar las condiciones de negociación, aplicación de la convención prexistentes en la Compañía y la afiliación de los trabajadores a las mismas. 

Adicional a lo anterior, el Decreto desarrolla el principio de buena fe en la negociación colectiva, señalando diversas obligaciones para las partes, entre ellas: sostener negociaciones genuinas, designar representantes con facultades para adoptar acuerdos, examinar las propuestas de la contraparte, intercambiar información relevante y abstenerse de realizar maniobras dilatorias u obstruccionistas. Esta obligación ya en dichos términos ya existía en la norma, sin embargo, el Decreto lo extiende y regula para la negociación colectiva unificada. 

De igual forma, el artículo 2.2.2.7.4 del Decreto establece reglas sobre el intercambio de información durante la negociación, incluyendo como obligación para los empleadores, facilitar información necesaria para el proceso de negociación, incluyendo información relacionada con su situación económica. En este contexto, la norma indica que, cuando sea necesario, se podrá poner a disposición información agregada, anonimizada o anonimizada sobre la situación económica de las Compañías. Sin embargo, en nuestro criterio esta norma deberá armonizarse con la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias que regulen el habeas data y la protección de los datos de los involucrados. 

Siendo el fin último del Decreto la unificación de la negociación colectiva, el artículo 2.2.2.7.5 regula quiénes son las partes en la negociación colectiva en niveles superiores. En este sentido, establece que, por un lado, participarán una o varias organizaciones sindicales representativas, las cuales deberán coordinarse para presentar un único pliego y conformar una comisión negociadora unificada. En caso de desacuerdo, la representación se determinará proporcionalmente al número de afiliados.

Por otro lado, podrán participar empleadores o asociaciones de empleadores representativos del sector o nivel correspondiente. A diferencia de lo que ocurre con las organizaciones sindicales, respecto de las cuales la norma establece fórmulas para determinar la representatividad y la toma de decisiones, en el caso de los empleadores la norma, en aras de garantizar la libertad de Compañía, permite que sean los propios empleadores o sus asociaciones quienes determinen la conformación de su comisión. Al respecto, el Decreto dispone que el Ministerio del Trabajo será la autoridad encargada de validar la información que permita acreditar la representatividad de las organizaciones sindicales y de los empleadores, así como de apoyar la convocatoria y el desarrollo del proceso de negociación. 

Con respecto a la obligatoriedad de la aplicación de la Convención suscrita, el Decreto dispone que las convenciones colectivas de ámbito sectorial serán obligatorias para todos los empleadores, Compañías y trabajadores del nivel de negociación correspondiente, lo que refuerza el alcance general de este tipo de acuerdos colectivos. Teniendo lo anterior en cuenta y que esta Convención será aplicable a más de una Compañía, el artículo 2.2.2.7.10 introduce reglas de adaptabilidad para las micro, pequeñas y medianas Compañías, señalando que en las convenciones colectivas sectoriales deberán contemplarse mecanismos que permitan considerar las realidades económicas de estas Compañías, incluyendo implementación gradual de ciertas obligaciones y mecanismos de adaptación.

Por último, el artículo 2.2.2.7.9 de la norma regula la denominada cuota por beneficio convencional, reiterando lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 50 de 1990, según el cual los trabajadores no sindicalizados que se beneficien de una convención colectiva deberán pagar al sindicato titular una suma equivalente a la cuota ordinaria que pagan los afiliados.

Al respecto, es necesario precisar, en primer lugar, que el descuento por beneficio convencional resulta aplicable cuando la convención colectiva se extiende en su totalidad a trabajadores no sindicalizados, y no cuando únicamente se les hacen extensivos algunos de los beneficios allí previstos. En segundo lugar, esta no constituye una regla nueva, pues existe en el ordenamiento jurídico colombiano desde 1967 y fue posteriormente recogida por la Ley 50 de 1990. El Decreto, en consecuencia, se limita a incorporarla expresamente para su aplicación en las convenciones colectivas celebradas en niveles superiores al de Compañía.

El Decreto introduce un marco normativo para la negociación colectiva multinivel, que busca fortalecer los procesos de negociación colectiva en el país y facilitar la participación de múltiples organizaciones sindicales y empleadores en una misma negociación.

No obstante, la implementación de estas reglas podría generar retos prácticos para las Compañías, particularmente en aquellos casos en los que ya existan convenciones colectivas vigentes a nivel empresarial, dado que las nuevas convenciones sectoriales podrían interactuar con ellas bajo el principio de favorabilidad y tendrán que interpretarse las mismas para decidir cual se aplicará.

Así, el Decreto establece un marco normativo orientado a facilitar y estructurar la negociación colectiva sectorial o multinivel en el país. Sin embargo, su implementación plantea desafíos importantes para las Compañías, especialmente en aquellos casos en los que ya existen convenciones colectivas vigentes a nivel empresarial, pues las nuevas convenciones sectoriales podrían interactuar con estas bajo el principio de favorabilidad. 

Finalmente, el Decreto también nos deja con ciertos interrogantes relevantes que deberán resolverse en su aplicación práctica, particularmente en relación con el funcionamiento de los criterios de representatividad sindical en negociaciones multinivel y la irradiación o extensión de convenciones colectivas de industria hacia empresas con estructuras organizacionales, capacidades operativas y músculo financiero significativamente distintos. Estos aspectos podrían generar discusiones jurídicas y operativas sobre el alcance real de las convenciones colectivas sectoriales y la forma en que deberán armonizarse con las realidades empresariales de cada Compañía. 

En caso de cualquier duda que surja, nos pueden contactar a los siguientes correos: balfaro@brickabogados.com y phuertas@brickabogados.com.

Por medio de la presente se informa que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 0223 del 5 de marzo de 2026, mediante el cual se subroga el Capítulo 3 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 y se reglamentan de manera integral las prácticas laborales y el contrato de aprendizaje, con el fin de unificar la regulación existente, clarificar las condiciones de estas modalidades formativas y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

A continuación, se presenta el desarrollo de los principales temas regulados por el Decreto:

1. Elementos esenciales de la práctica laboral

El Decreto establece que las prácticas laborales son una actividad pedagógica y formativa, mediante la cual los estudiantes desarrollan competencias en un entorno laboral real. Para su existencia deben concurrir tres elementos fundamentales:

El pasado 11 de febrero, mediante el Decreto 0150, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, debido a la situación sufrida en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. 

Atendiendo a esa necesidad, se profirió un primer decreto de medidas tributarias (Decreto 173 del 24 de febrero), las cuales se dirigieron esencialmente a la ampliación del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. 

Vale la pena aclarar que las medidas adoptadas por este mecanismo obedecen a una declaratoria de emergencia diferente a la dictada mediante el Decreto 1390 de 2025, y que actualmente es objeto de examen de constitucionalidad.

A continuación, resaltamos los principales aspectos a tener en cuenta:

1. Impuesto al patrimonio para las personas jurídicas

 • Se incluyeron como sujetos pasivos a los establecimientos permanentes y sucursales, de acuerdo con el patrimonio poseído a treinta y uno (31) de marzo de 2026; y conforme al resultado que arroje un estudio de atribución de rentas que aplique el principio de plena competencia. 
 • Se mantiene la exclusión de las personas jurídicas del sector salud; las empresas intervenidas por el Estado; y las empresas de servicios públicos domiciliarios de los departamentos afectados por la emergencia.
 • Para las cooperativas se permite la exclusión de la reserva de protección de aportes.
 • Se prohíbe la deducibilidad del impuesto al patrimonio.

2. Creación del impuesto de normalización tributaria

 • Aplica para contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y regímenes sustitutivos; que hayan omitido activos o hayan declarado pasivos inexistentes a primero (01) de abril de 2026.
 • Las fundaciones de interés privado, trust, seguros con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro tipo de negocio fiduciario del exterior se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia.
 • La tarifa es del 19%.
 • La normalización que se haga mediante este mecanismo no genera renta líquida por comparación patrimonial, ni renta líquida gravable por omisión de activos o declaración de pasivos inexistentes. No se generan sanciones en materia de renta, regímenes sustitutivos, IVA, precios de transferencia, información exógena, declaración anual de activos en el exterior, ni en el impuesto al patrimonio. Tampoco se genera la acción penal por omisión de activos o declaración de pasivos inexistentes.
 • No da lugar a la legalización de activos.
 • Se permite el saneamiento de activos, es decir, ajustar el valor que ya se ha declarado.

3. Adopción de mecanismos de alivio

 • Se reducen transitoriamente las sanciones y los intereses moratorios respecto de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN. Aplica para quienes estén en mora al 31 de diciembre de 2025, y realicen el pago de sus deudas hasta el 30 de abril de 2026. El interés de mora se debe tasar en el 4,5%; las sanciones se reducen al 15%. No se acepta la compensación o cruce de cuentas.
 • Reducción de sanciones e intereses por la omisión o corrección de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias; a treinta (30) de noviembre de 2025. Se reduce la sanción por extemporaneidad si se declara antes del 30 de abril de 2026, con la aplicación de una sanción reducida al 15%. Aplica respecto de obligaciones que estén en discusión.
 • Se permite la subsanación de obligaciones formales con el pago de una sanción equivalente al 3% de los ingresos brutos declarados en el año 2024, sin exceder 15.000 UVT, antes del 30 de abril de 2026.
 • Se crea la conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, frente a procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a demandas admitidas antes del 31 de diciembre de 2025, y de la presentación de la solicitud de conciliación, de acuerdo con las siguientes condiciones: